Argentina vuelve a ser epicentro de la atención internacional tras la decisión judicial de congelar los activos del cofundador de LIBRA, Hayden Davis, y de otros implicados en un caso de criptomonedas valuado en 57 millones de dólares. La medida, que involucra acusaciones de vínculos políticos, lavado de dinero y tráfico de influencias, marca un nuevo capítulo en la turbulenta relación del país con los activos digitales y la transparencia institucional.
La resolución fue dictada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien supervisa el caso LIBRA Coin. Según fuentes judiciales, el magistrado aprobó una moción para congelar los activos de Davis, junto con los de Favio Camilo Rodríguez Blanco, ciudadano colombiano, y Orlando Rodolfo Mellino, de nacionalidad argentina.
El congelamiento, solicitado inicialmente por el fiscal federal Eduardo Taiano en marzo de 2025, busca evitar la fuga o el ocultamiento de fondos que podrían estar relacionados con una presunta red de financiamiento político y movimientos de capitales ilícitos dentro del ecosistema de LIBRA.
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“Prohibición de innovar”: el alcance de la medida judicial contra LIBRA
La orden, conocida legalmente como “prohibición de innovar”, prohíbe a los acusados realizar cualquier tipo de operación sobre sus bienes mientras la investigación esté en curso. La medida incluye bienes muebles, inmuebles y criptoactivos, lo que demuestra el alcance integral del proceso judicial.
De acuerdo con el expediente, Rodríguez Blanco y Mellino serían propietarios de billeteras digitales directamente vinculadas a los flujos financieros de LIBRA. Por esta razón, la Comisión Nacional de Valores (CNV) también intervino en el caso, ordenando a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) —es decir, los exchanges y plataformas que operan con criptomonedas— bloquear las cuentas de los implicados.
Esta acción se enmarca dentro de una tendencia global donde los organismos reguladores buscan mayor control sobre las operaciones cripto, especialmente cuando se sospecha de uso indebido de fondos o manipulación política.
LIBRA y la trama política detrás del caso
Más allá de las cifras y los nombres, el caso LIBRA ha generado polémica por sus presuntas conexiones con el ámbito político argentino. Según la fiscalía, Rodríguez Blanco y Mellino actuaron como intermediarios en la conversión de criptomonedas a dinero fiduciario, presuntamente para financiar actividades políticas relacionadas con el proyecto.
Las autoridades investigan a dos supuestos lobistas de LIBRA, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes habrían operado como enlaces entre el ecosistema cripto y ciertos sectores gubernamentales.
El aspecto más llamativo del expediente apunta a que la madre y la hermana de Novelli retiraron grandes sumas de dinero en efectivo de una sucursal del Banco Galicia el 17 de febrero de 2025, apenas unas horas después del colapso del proyecto LIBRA. Los fiscales sostienen que Rodríguez Blanco podría haber facilitado esas operaciones, utilizando fondos provenientes de cuentas vinculadas al token.
Riesgo de fuga y lavado de activos: el argumento del juez
El juez Martínez de Giorgi respaldó el pedido del Ministerio Público, asegurando que existe un riesgo real de que los acusados intenten ocultar o retirar fondos, lo que podría dificultar la recuperación del dinero y la trazabilidad de los activos.
“Dadas las circunstancias y la magnitud de los montos involucrados, resulta prudente aplicar la prohibición de innovar hasta tanto se determine el origen de los fondos y la posible existencia de delitos financieros”, señala el texto de la resolución, según informaron medios locales.
Con esta medida, el caso LIBRA entra en una fase decisiva que no solo compromete a sus fundadores, sino también a empresarios, funcionarios y asesores políticos que podrían haber tenido participación indirecta en las operaciones investigadas.
El origen del escándalo: de la innovación al colapso
El proyecto LIBRA, que inicialmente se presentó como una iniciativa tecnológica de inclusión financiera, ganó notoriedad en Argentina y otros países latinoamericanos por su promesa de “democratizar el acceso al dinero digital”. Sin embargo, detrás del discurso innovador, los investigadores detectaron movimientos financieros opacos, contratos sin respaldo y transferencias multimillonarias sin justificación aparente.
Cuando el proyecto colapsó a principios de 2025, miles de inversores denunciaron la pérdida de sus fondos y la falta de transparencia en la gestión de los activos. Poco después, las denuncias comenzaron a apuntar a funcionarios cercanos al gobierno argentino, lo que escaló el caso de un simple conflicto comercial a un escándalo político y judicial de alto nivel.
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Denuncias contra allegados al presidente Milei
El caso LIBRA fue impulsado judicialmente por los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, quienes solicitaron investigar a la hermana del presidente Javier Milei por presunto tráfico de influencias en la promoción del proyecto.
Las denuncias surgieron después de que circularan reportes sobre supuestos sobornos y aportes financieros destinados a obtener apoyo político y regulatorio para LIBRA. Aunque Milei fue posteriormente absuelto por la Oficina Anticorrupción, el proceso dejó abierta la puerta a nuevas líneas de investigación y debilitó la credibilidad del proyecto en los mercados internacionales.
LIBRA bajo la lupa internacional: demandas en Estados Unidos
El escándalo no se limita al territorio argentino. En Estados Unidos, el bufete Burwick Law encabeza una demanda colectiva (class action) contra Hayden Davis y el equipo de LIBRA, acusándolos de fraude, mala administración y manipulación de precios.
En un primer momento, los fiscales estadounidenses lograron congelar más de 57 millones de dólares en USDC, aunque un tribunal revocó posteriormente la medida, permitiendo el acceso parcial a los fondos. Aun así, la causa continúa abierta y podría derivar en sanciones financieras y penales si se comprueban las acusaciones.
Repercusiones para el ecosistema cripto argentino
El caso LIBRA representa un golpe significativo para el ecosistema de criptomonedas en Argentina, un país que ha mostrado un crecimiento constante en adopción de activos digitales, especialmente como refugio frente a la inflación.
Sin embargo, este tipo de escándalos ponen en duda la credibilidad de los proyectos locales y podrían acelerar la implementación de mayores controles regulatorios sobre las plataformas que operan en territorio nacional.
Expertos del sector advierten que casos como LIBRA podrían ser utilizados por los organismos estatales como argumento para endurecer las normativas, lo que afectaría tanto a empresas emergentes como a usuarios que utilizan criptomonedas para resguardar su poder adquisitivo.
Un precedente clave para la regulación de criptomonedas
El proceso contra los fundadores de LIBRA no solo tiene implicaciones judiciales, sino también económicas y regulatorias. Marca un precedente en la región sobre cómo los gobiernos podrían actuar frente a proyectos cripto sospechosos de corrupción o lavado de dinero.
Mientras los tribunales avanzan, la comunidad cripto observa con atención el desenlace. Si se confirman las acusaciones, LIBRA podría convertirse en uno de los mayores casos de fraude vinculados a activos digitales en América Latina, junto con episodios similares ocurridos en Brasil y México.
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LIBRA, entre el colapso financiero y el escándalo político
La congelación de los activos de Hayden Davis y sus asociados marca un punto de inflexión en el caso LIBRA. Lo que comenzó como una investigación por presunto fraude financiero ha terminado exponiendo una compleja red de vínculos políticos, operaciones dudosas y pérdidas millonarias.
Mientras la justicia argentina y estadounidense continúan con las investigaciones, el caso LIBRA se consolida como una advertencia para el ecosistema cripto global: la falta de transparencia y los vínculos con la política pueden destruir incluso los proyectos más ambiciosos.
