La Cámara Latinoamericana del Litio presentó una ampliación de la denuncia penal contra Favio Casarín, Andrea Polizzotto, Andrea Cardona, Alberto Cacciola y toda la Junta Directiva de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). Se los acusa de cartelizar el sector, favorecer intereses extranjeros, operar políticamente contra la tokenización y bloquear el desarrollo industrial argentino. Las irregularidades alcanzan a todas las provincias del norte.
La disputa por el futuro del litio argentino quedó al descubierto. La Cámara Latinoamericana del Litio amplió su presentación judicial en la causa penal N° 3309/2023, radicada en los tribunales federales de Comodoro Py, por presuntas maniobras de subfacturación, evasión fiscal, exclusión sistemática de proveedores locales y cartelización de la industria minera.
En esta nueva instancia, la Cámara apuntó directamente contra Favio Casarín, Andrea Polizzotto, Andrea Cardona, Alberto Cacciola (presidente de CAEM) y toda su junta directiva, acusándolos de defender un modelo alineado con intereses monopólicos extranjeros —en particular, de origen chino— y de obstaculizar toda iniciativa de trazabilidad, transparencia o desarrollo nacional basado en tecnologías emergentes.
“El litio es un commodity. Negarlo es una estrategia deliberada para facilitar la subfacturación y romper la cadena de valor nacional”, denunció Pablo Rutigliano, presidente y fundador de la Cámara Latinoamericana del Litio.
Rutigliano agregó que Casarín, Polizzotto y Cardona “deben renunciar inmediatamente a sus cargos por ser responsables de un esquema que empobrece a la Argentina y traiciona los intereses de las provincias mineras”. Confirmó además que tanto Casarín como Polizzotto fueron apartados de la Cámara Latinoamericana del Litio por no cumplir con los objetivos y compromisos asumidos al momento de su incorporación.
“Mientras hoy se jacta de formar parte del gobierno de Javier Milei, Andrea Polizzotto también fue parte del peor gobierno de la historia argentina: el de Alberto Fernández. Durante ese período, se entregaron los recursos naturales a China. Junto a Casarín, promovió la conformación de una mesa nacional del litio, que sólo generó más empobrecimiento provincial bajo la fachada de inversiones chinas que nunca se auditaron. Hoy corresponde exigir la presentación de los estados contables que acrediten esas inversiones, de las cuales se beneficiaron apenas unos pocos”, denunció Rutigliano.
En el mismo sentido, la Cámara advirtió que desde CAEM se está llevando a cabo una operación política contra la tokenización, una herramienta basada en tecnología blockchain que permite monitorear en tiempo real la extracción, comercialización y destino del litio, con el fin de garantizar transparencia, participación de pymes y una distribución justa de la renta minera.
“Nos enfrentamos a geólogos ensobrados y lobbistas que temen perder sus privilegios. La tokenización termina con la impunidad y deja al desnudo cómo operan estos actores para evitar que el país genere valor agregado”, agregó Rutigliano.
La Cámara también denunció que estas irregularidades se replican a lo largo de todas las provincias del norte argentino, con especial gravedad en Salta, donde se incumplen sistemáticamente las normativas de empleo local y participación de proveedores regionales.
En paralelo, el diputado provincial de Catamarca, Hugo Ávila, sumó fuertes críticas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), recientemente aprobado por el oficialismo:
“El RIGI no nos deja ningún beneficio. Esto es extractivismo salvaje. En Fiambalá, hay 300 chinos sobre un total de 700 trabajadores en la planta de Liexiyin. Ni siquiera dejan trabajo para los locales. Traen todo de afuera: la ropa, los cascos, los baños químicos. Las divisas ni siquiera ingresan al Banco Central. Este modelo es peor que el Tratado de Versalles, es un Versalles ampliado. La independencia de 1816 no puede ser una formalidad; debe sostenerse con hechos concretos”, denunció el legislador.
Frente a este escenario, la Cámara Latinoamericana del Litio reiteró su llamado urgente al Estado Nacional para que intervenga ante las maniobras denunciadas, advirtiendo que la inacción institucional “consolida un modelo extractivo que sólo beneficia a intereses extranjeros, mientras condena a la Argentina al subdesarrollo”.
“No existen colonias prósperas. La soberanía se ejerce con trabajo argentino, industria nacional y control sobre nuestros recursos estratégicos. Lo demás es un saqueo encubierto”, concluyeron desde la entidad.
