Colombia es el participante más nuevo en un bloque de países que buscan poner la criptoindustria bajo su ámbito regulatorio.
De acuerdo con un proyecto de ley reciente que desde entonces ha sido aprobado como ley, los usuarios de las criptomonedas y los intercambios que operan dentro de la jurisdicción del país deberán informar las transacciones superiores a una cierta cantidad.
Según la resolución 314, la Contra el Lavado de Dinero de Colombia (UIAF) requerirá que los usuarios de criptomonedas informen las transacciones que excedan los $150 o las transacciones que se realicen con múltiples tokens que excedan los $450. La regulación, que entra en vigencia el 1 de abril, busca frenar algunos de los males asociados con la industria de las criptomonedas, como el lavado de dinero y el financiamiento de diversas actividades ilícitas dentro y fuera del estado, ya que la mayoría de las transacciones con criptomonedas no se denuncian.
“Los activos virtuales han creado una situación que amerita la intervención de la UIAF, en la medida en que, si bien son operaciones que en Colombia no son ilegales por sí mismas, pueden prestarse a actividades ilícitas, debido al anonimato o seudónimo en las transacciones”, dice la resolución.
Siguiendo las regulaciones, la UIAF ahora tendrá el poder de obtener un registro de las transacciones de los usuarios de criptomonedas, al igual que las instituciones financieras tradicionales bajo la “Regla de viaje”, lo que facilitará la detección de transacciones sospechosas.
Todos los criptousuarios que se encuentren bajo el ámbito de esta ley estarán obligados a informar mensualmente a la UIAF dentro de los primeros (20) días naturales de cada mes sobre cualquier transacción que realicen las entidades sobre activos digitales. Además, se requerirá que los intercambios informen cualquier actividad sospechosa y que incluyan a todos los participantes al organismo de control.
La ley establece además una lista de sanciones que se impondrán a los infractores, incluidas multas en el rango de $100- $400 por lavado de dinero más otras multas derivadas de delitos similares.
Con la continua expansión de la criptoindustria, Colombia, que tiene el segundo nivel de biodiversidad en el mundo, registró $124 millones de transacciones en 2019 con un informe reciente de Triple-A que revela que el 6,1% de los colombianos actualmente posee una criptomoneda y que el 80% de los colombianos expresó su disposición a invertir en criptomonedas.
A pesar de la prepotencia del gobierno en materia de activos digitales, la última ley dice mucho sobre su trayectoria de regulación de las criptomonedas. Recientemente, la DIAN, la división de impuestos de Colombia, ha insinuado que atrapará a los usuarios de criptomonedas que han estado evadiendo sus obligaciones fiscales.
