Un nuevo revés judicial golpea a Ripple y la SEC en su prolongada batalla legal por las ventas institucionales de XRP. En una decisión que refuerza la importancia de la firmeza en las sentencias definitivas, la jueza federal Analisa Torres negó la solicitud conjunta de ambas partes para modificar una resolución clave del caso. Este fallo no solo preserva una multa de $125 millones contra Ripple, sino que también mantiene vigente la orden judicial que prohíe sus ventas institucionales del token XRP.
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Segundo intento fallido de Ripple y la SEC
Esta decisión representa la segunda ocasión en que Ripple y la SEC intentan reconfigurar las condiciones del fallo judicial emitido en 2024. A través de una moción conjunta presentada a principios de este mes, ambas partes propusieron disolver la orden judicial permanente y redistribuir el monto de la multa. El nuevo planteamiento sugería que Ripple pagara solo $50 millones a la SEC, mientras que los $75 millones restantes serían devueltos a la empresa.
Sin embargo, la jueza Torres consideró que este acuerdo propuesto carecía de las “circunstancias excepcionales” requeridas para modificar una sentencia final, tal como lo establece la Regla 60(b) del sistema judicial estadounidense.
La firmeza judicial como principio rector
La jueza enfatizó en su dictamen que las sentencias definitivas deben mantenerse, salvo que se presenten situaciones extraordinarias que justifiquen su revisión. Ni el cambio de enfoque regulatorio por parte de la SEC, ni la creación de una nueva unidad dedicada a criptoactivos fueron suficientes para modificar el dictamen.
“El tribunal no está convencido. Ninguna de las acciones citadas por las partes implicó una orden judicial ni una sanción civil. En cada uno de esos casos, la SEC retiró su demanda antes de que un tribunal determinara una violación a la ley”, afirmó Torres en el fallo.
Comparaciones inválidas y un mensaje al ecosistema cripto
En su moción conjunta, Ripple y la SEC citaron casos previos de criptomonedas donde la SEC había desestimado voluntariamente demandas similares. Sin embargo, la jueza señaló que ninguno de esos procesos alcanzó una decisión final, a diferencia del caso Ripple, donde sí se confirmó una violación a la ley de valores.
Este punto fue clave en la decisión del tribunal: desestimar las sanciones o eliminar la orden judicial podría enviar un mensaje erróneo al mercado, debilitando el principio de cumplimiento normativo.
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Implicaciones para Ripple y la SEC
El fallo mantiene la presión regulatoria sobre Ripple, al mantener activa la orden judicial que limita sus operaciones con instituciones. Al mismo tiempo, pone en tela de juicio la estrategia de la SEC de negociar acuerdos fuera del ámbito judicial una vez que ya se ha emitido una sentencia definitiva.
La jueza Torres dejó en claro que la vía legal correcta para intentar revertir una decisión definitiva es a través de una apelación formal. Si Ripple y la SEC desean finalizar el caso, deben retirar sus apelaciones pendientes. Si buscan eliminar las consecuencias de la sentencia, deben seguir el procedimiento legal completo, no proponer acuerdos parciales.
Justicia e interés público por encima de acuerdos privados
Un aspecto fundamental que resalta la jueza en su dictamen es que las decisiones finales del poder judicial cumplen una función esencial en la protección del interés público. Permitir que sanciones impuestas sean renegociadas después de haber sido ratificadas podría abrir la puerta a futuros intentos de eludir la justicia mediante arreglos extrajudiciales.
“Las partes no han demostrado circunstancias excepcionales que superen el interés público o la administración de justicia”, subrayó Torres.
Repercusiones en el ecosistema de criptomonedas
El rechazo de esta moción por parte del tribunal podría tener un efecto dominó en el ecosistema cripto. Para empresas que se encuentran en litigios similares o que están evaluando su grado de cumplimiento con la SEC, este fallo representa una señal clara: los tribunales no están dispuestos a flexibilizar sanciones una vez que estas han sido confirmadas judicialmente.
Además, subraya el papel cada vez más riguroso de los jueces frente a los intentos de las partes por utilizar acuerdos negociados como vía de escape.
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Conclusión
Este nuevo episodio en el caso Ripple vs. SEC confirma que, a pesar de los intentos de acercamiento entre ambas partes, el sistema judicial mantiene su compromiso con la aplicación estricta de la ley y la protección del interés público. Mientras Ripple busca cerrar un capítulo doloroso y la SEC intenta mantener su reputación regulatoria en el espacio cripto, la decisión de la jueza Torres pone freno a cualquier intento de renegociación tras una sentencia firme.
