En los últimos años, la creciente adopción de criptomonedas en América Latina ha llevado a un interés creciente por parte de los gobiernos en establecer marcos regulatorios claros que permitan controlar y fiscalizar el uso de estos activos digitales. La regulación de criptomonedas no solo busca fomentar la innovación tecnológica y financiera, sino también prevenir riesgos como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo que pueden surgir del manejo ilícito de estas monedas digitales.
En este contexto, México y otros países latinoamericanos avanzan en diseñar leyes que incluyen a las criptomonedas dentro de sus normativas, especialmente en lo relacionado con las obligaciones fiscales y de reporte.
¿Cuándo estoy obligado a declarar mis criptomonedas en México?
En México, la autoridad fiscal estableció que las criptomonedas son consideradas activos virtuales, por lo cual las ganancias y los movimientos relacionados están sujetos a obligaciones fiscales. Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las personas físicas y morales que realicen operaciones con criptomonedas deben declararlas. Las ganancias derivadas de la compra y venta de criptomonedas se clasifican como “enajenación de bienes”, sujetas a impuestos sobre la renta (ISR). Este impuesto varía entre un 10% y un 37% para personas físicas dependiendo del nivel de ingresos, mientras que para personas morales la tasa general es del 30%.
Asimismo, las actividades de minería de criptomonedas son consideradas ingresos ordinarios y también deben ser declaradas. Para cumplir con las obligaciones fiscales, los contribuyentes deben mantener un registro detallado de todas sus transacciones, incluyendo fechas, montos, precios en moneda nacional y contraparte. Estas operaciones son reportadas en la declaración anual dentro del Anexo I dedicado a ingresos por actividades diversas.
Aunque para muchos usuarios el cripto sigue siendo un área de incertidumbre, la recomendación general es contar con asesoría especializada para evitar sanciones fiscales y cumplir con la normativa vigente. Además, dado el avance de plataformas de pago digitales y fintech, como Mercado Pago, que poco a poco integran o permiten movimientos relacionados con activos digitales, los controles fiscales se vuelven aún más necesarios para garantizar transparencia y cumplimiento.
¿Cuándo se regularán las criptomonedas de forma definitiva?
La regulación de criptomonedas en América Latina tiene distintos niveles de avance y madurez. En México, la Ley Fintech vigente ya brinda un marco robusto desde 2018, con actualizaciones pendientes ante la evolución del ecosistema digital. Argentina y Chile han aprobado leyes recientes entre 2023 y 2024, posicionándose entre los países con normativas más modernas en la región. Perú, Uruguay y Brasil continúan desarrollando regulaciones con enfoque en la prevención de riesgos y la promoción de la innovación, aunque sin fecha exacta para la consolidación total de las leyes.
En general, se espera que hacia 2025 y los años siguientes, la mayoría de los países latinoamericanos implementen marcos regulatorios más claros y uniformes, motivados por las demandas internacionales de organismos como el GAFI, y ante la creciente adopción de las criptomonedas por parte de consumidores y empresas. La regulación también debe adaptarse a la rápida evolución tecnológica del sector, incorporando aspectos como la tokenización, finanzas descentralizadas (DeFi) y nuevas modalidades de intercambio.
Este proceso no solo busca formalizar y proteger al usuario, sino también facilitar la inclusión financiera, aprovechando la naturaleza digital y global de los criptoactivos. Por ello, el impulso regulatorio estará acompañado por la innovación en servicios fintech que integran cada vez más soluciones digitales para pagos y manejo de activos financieros. De esta forma, la regulación de las criptomonedas en la región se orientará a equilibrar las oportunidades económicas con la seguridad jurídica y la lucha contra el uso ilícito.
Países con regulación sobre lavado de activos y criptomonedas en América Latina
Varios países de la región han reconocido la necesidad de incorporar las criptomonedas en sus leyes de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). México, Argentina, Perú, Chile, Brasil, Uruguay y otros territorios ya han comenzado a imponer regulaciones que exigen a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) cumplir con normativas específicas sobre control y monitoreo de transacciones.
En México, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) requiere a las entidades que ofrezcan servicios relacionados con criptomonedas registrarse y atender obligaciones para prevenir el lavado de dinero. De manera similar, Perú mediante el Decreto Supremo 006-2023-JUS y su resolución asociada ha regulado el funcionamiento de los PSAV para que reporten operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera, reforzando su combate contra actividades ilícitas. En Argentina, la Ley 27.739, aprobada en 2024, ha establecido un registro público para proveedores cripto, con controles estrictos para asegurar la transparencia y el cumplimiento de los estándares internacionales.
Chile también dio un paso importante con su Ley Fintech N° 21521 del 2023, que regula las plataformas que operan con activos digitales, resaltando mecanismos de gestión de riesgo y gobernanza corporativa. Uruguay y Brasil se encuentran en etapas avanzadas para implementar regulaciones similares, enfocadas en la prevención del lavado de activos, con proyectos de ley que exigen a las empresas del sector cripto cumplir con procesos de debida diligencia y reportes a las autoridades.
Estas medidas reflejan un alineamiento regional con recomendaciones internacionales, principalmente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dirigidas a evitar que las criptomonedas se usen para fines ilícitos, sin limitar el potencial innovador y de inclusión financiera que estos activos pueden ofrecer.
Leyes que regulan las criptomonedas en América Latina
La regulación específica de criptomonedas en América Latina varía entre países, tanto en alcance como en la profundidad con que se ha integrado en las leyes financieras. En México, la Ley Fintech del año 2018 es el marco pionero que reguló las tecnologías financieras, incluyendo las criptomonedas consideradas como activos digitales. Esta ley establece las bases para otorgar licencias a instituciones que operan con activos digitales, imponiendo requisitos para proteger a los usuarios e incorporar el cumplimiento fiscal y normativo.
En Argentina, la normativa más reciente es la Ley 27.739 aprobada en 2024, que define a los proveedores de servicios de activos virtuales y establece controles específicos para su funcionamiento dentro del sistema financiero, además de requerir la inscripción y registro público para estos tipos de empresas. Chile regula sus sistemas alternativos de transacción mediante la Ley Fintech 21521, enfatizando la gestión de riesgos y responsabilidades de las plataformas que operan con criptomonedas.
Ecuador, aunque reconoce la tecnología blockchain en su legislación fintech, aún se encuentra en una postura conservadora respecto a las criptomonedas, sin autorizar su uso generalizado como medio de pago. Perú continúa en un proceso abierto de evaluación y desarrollo regulatorio, con proyectos pendientes que buscan equilibrar la innovación y la seguridad jurídica.
En este contexto, la regulación suele complementarse con normativas fiscales, las cuales definen cómo deben declarar y pagar impuestos las personas y empresas que operan con criptomonedas, con lo cual se fomenta la formalización y transparencia en su uso.
