Arbitrum DAO aprobó la liberación de 30.765,6 ETH —valorados en aproximadamente 70 millones de dólares— para apoyar la iniciativa DeFi United, creada tras el exploit de 292 millones de dólares que afectó a Kelp DAO en abril. Sin embargo, la decisión enfrenta ahora un obstáculo legal significativo: una orden judicial emitida en Estados Unidos prohíbe temporalmente mover los fondos recuperados.
El caso se ha convertido rápidamente en uno de los episodios más complejos de la industria DeFi en 2026, no solo por la magnitud del ataque, sino también por las implicaciones legales que involucran acusaciones relacionadas con Corea del Norte, reclamaciones de víctimas de terrorismo y el papel de los protocolos descentralizados frente a órdenes judiciales tradicionales.
La votación de Arbitrum DAO representa un respaldo contundente al plan de recuperación impulsado por DeFi United, pero el litigio abierto podría retrasar —o incluso impedir— la redistribución de los fondos.
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Arbitrum DAO vota a favor de liberar los fondos congelados
Según el resultado oficial de la votación, alrededor de 182,2 millones de votos respaldaron la propuesta para transferir el ETH congelado a DeFi United, lo que representó el 90,96% del poder de voto total. Cerca del 9% de los participantes optaron por abstenerse.
Con esta decisión, la Arbitrum DAO se convertiría en el mayor contribuyente individual del fondo de rescate organizado tras el ataque a Kelp DAO.
La propuesta gira en torno a los 30.765,6 ETH que fueron congelados previamente por el Consejo de Seguridad de Arbitrum después de que el atacante moviera los activos robados hacia una dirección en Arbitrum One. Posteriormente, los fondos quedaron bajo control del protocolo mientras se definía un mecanismo de restitución.
El movimiento fue interpretado dentro del ecosistema DeFi como un intento coordinado de proteger a usuarios afectados y evitar un daño sistémico mayor sobre varios protocolos conectados al incidente.
El ataque a Kelp DAO desencadenó pérdidas masivas en DeFi
El origen del conflicto se remonta al 18 de abril, cuando Kelp DAO sufrió un exploit multimillonario relacionado con una configuración vulnerable dentro de un puente OFT (Omnichain Fungible Token) impulsado por LayerZero.
El atacante habría explotado una configuración de “single-verifier” en el bridge para drenar aproximadamente 116.500 rsETH de Kelp DAO.
Las sospechas apuntan al grupo Lazarus, organización vinculada históricamente a Corea del Norte y señalada repetidamente por autoridades estadounidenses y empresas de análisis blockchain por ataques de alto perfil contra plataformas cripto.
Aunque las acusaciones todavía no han sido demostradas de manera definitiva en tribunales, el presunto vínculo con Lazarus elevó inmediatamente la gravedad política y regulatoria del caso.
El impacto alcanzó a Aave y generó deuda incobrable
El exploit no solo afectó a Kelp DAO. Parte importante de los activos robados fue utilizada posteriormente como colateral en Aave para pedir prestado WETH.
Esa maniobra dejó cerca de 190 millones de dólares en deuda incobrable dentro del protocolo, generando preocupación sobre riesgos de contagio en el ecosistema DeFi.
La magnitud de las pérdidas impulsó la creación de DeFi United, una iniciativa coordinada entre actores relevantes del sector para organizar la recuperación financiera y mitigar el impacto sobre usuarios y protocolos afectados.
Entre las contribuciones más importantes anunciadas hasta ahora destacan:
- 30.000 ETH aportados por Consensys y Joseph Lubin.
- Un préstamo de 30.000 ETH proporcionado por Mantle.
- 5.000 ETH entregados por LayerZero.
La incorporación de los fondos controlados por Arbitrum habría convertido el programa de rescate en una de las mayores operaciones coordinadas de recuperación dentro de la historia reciente de las finanzas descentralizadas.
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La orden judicial cambia completamente el escenario
Pese al amplio respaldo de la comunidad, la transferencia de los 30.766 ETH enfrenta ahora un bloqueo legal directo.
El 1 de mayo, un tribunal emitió una orden que restringe a la Arbitrum DAO de mover los fondos recuperados hasta que se celebre una audiencia de desinversión.
La demanda fue presentada por múltiples demandantes vinculados a antiguos fallos judiciales relacionados con terrorismo contra Corea del Norte. Los demandantes buscan reclamar el ETH congelado como parte de compensaciones y restituciones pendientes.
El caso introduce una pregunta crítica para toda la industria blockchain: ¿quién tiene realmente derechos legales sobre activos robados que fueron recuperados por un protocolo descentralizado?
El abogado especializado en criptomonedas Gabriel Shapiro resumió el escenario en una publicación en X al señalar que Arbitrum DAO “no puede hacer nada con los fondos de KelpDAO por ahora” hasta que el tribunal decida cómo proceder.
Aave responde con una moción de emergencia
En reacción a la orden judicial, Aave LLC presentó una moción de emergencia ante una corte federal para impugnar el fallo.
La compañía argumentó que la orden se basa en especulación no comprobada respecto a la participación del grupo Lazarus en el ataque.
Además, Aave sostuvo que incluso si Corea del Norte estuviera detrás del exploit, la posesión temporal de activos robados no equivale automáticamente a propiedad legal de dichos fondos.
La disputa podría sentar precedentes importantes sobre cómo interactúan los sistemas judiciales tradicionales con estructuras de gobernanza descentralizada y activos digitales recuperados tras ataques cibernéticos.
El caso pone a prueba los límites legales de las DAO
El episodio también expone uno de los mayores desafíos regulatorios para las organizaciones autónomas descentralizadas: su relación con jurisdicciones nacionales y tribunales convencionales.
Aunque las DAO operan mediante votaciones comunitarias y contratos inteligentes, los tribunales siguen intentando determinar quién tiene responsabilidad legal efectiva cuando ocurren incidentes de esta magnitud.
En este caso, la Arbitrum DAO aprobó democráticamente el uso de los fondos recuperados, pero la ejecución práctica depende ahora de restricciones legales externas.
La situación podría influir en futuros debates regulatorios sobre:
- Custodia de fondos recuperados.
- Responsabilidad legal de protocolos DeFi.
- Capacidad de tribunales para congelar activos on-chain.
- Gobernanza y cumplimiento normativo en ecosistemas descentralizados.
Para muchos analistas del sector, el conflicto marca un punto de inflexión en la evolución jurídica de DeFi.
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Qué puede pasar ahora con los fondos congelados
El próximo paso dependerá principalmente del resultado de la audiencia judicial relacionada con la orden emitida el 1 de mayo.
Si el tribunal mantiene las restricciones, los fondos podrían permanecer congelados indefinidamente mientras se resuelven las reclamaciones de los demandantes.
Por otro lado, si prospera la moción presentada por Aave, la transferencia hacia DeFi United podría avanzar y permitir el inicio formal del proceso de compensación para afectados del exploit.
Mientras tanto, el caso continúa siendo observado de cerca por desarrolladores, inversores y equipos legales de toda la industria cripto.
Más allá de los 70 millones de dólares involucrados, la disputa podría redefinir cómo se gestionan legalmente los activos digitales recuperados tras hackeos y cuál es el verdadero alcance de la autonomía en los sistemas financieros descentralizados.



















































