El gobierno español ha aprobado este martes el nuevo proyecto de Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Aunque el proyecto de ley se centra en el fraude fiscal general, también incluye las criptomonedas. Una de las primeras medidas del proyecto de ley será la limitación de los pagos en efectivo a solo 1.000 euros en lugar de los 2.500 habituales.

Este límite sólo se aplicará a empresarios y profesionales, para hogares pequeños, el límite se mantendrá en 2.500 euros.

Cuando se trata de criptomonedas, el proyecto de ley establece que debe haber un mayor control sobre los activos digitales. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que “a partir de ahora, la ciudadanía sabe que el Estado no se rendirá ni buscará atajos en su lucha contra el fraude fiscal”.

“De esta forma se requerirá información sobre los saldos y tenedores de las monedas en custodia. Además, se establece la obligación de brindar información sobre las operaciones de adquisición, transmisión, canje, transferencia, cobros y pagos, con criptomonedas. La obligación de informar también se introduce en el formato 720 de declaraciones de bienes y derechos en el exterior, sobre la posesión de monedas virtuales en el exterior”.

La nueva ley obligará a modificar la ley 7/2012 que se introdujo para obligar a los ciudadanos a informar sobre bienes y derechos ubicados en el exterior.

La lucha contra el fraude fiscal es una “prioridad absoluta”, afirmó Montero. El proyecto de ley permanece como borrador por ahora y se combatirán nuevas modalidades y fórmulas de fraude fiscal.

Recientemente, el G7 declaró que se opondrá al lanzamiento de Libra, la moneda estable creada por Facebook. Los banqueros centrales y los ministros de finanzas de los Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido detendrán el lanzamiento de monedas estables globales, específicamente Libra hasta que todas las regulaciones estén vigentes.

“El G7 continúa sosteniendo que ningún proyecto global de monedas estables debe comenzar a operar hasta que aborde adecuadamente los requisitos legales, regulatorios y de supervisión relevantes a través de un diseño apropiado y adhiriéndose a los estándares aplicables”, declaró el borrador.