Buenos Aires, 26 de mayo de 2025 — La Cámara Latinoamericana del Litio, a través de su presidente Pablo Rutigliano, presentó una ampliación formal de la denuncia penal radicada bajo el expediente 3309/23, en la que se incorporan nuevas pruebas que denuncian maniobras sistemáticas de subfacturación en las exportaciones de litio durante el ejercicio 2024.
El escrito fue presentado ante el juez competente y contiene un análisis técnico-económico detallado, con documentación probatoria que respalda las acusaciones formuladas por la entidad. Según el informe titulado “Ampliación de la Denuncia de la Cámara Latinoamericana del Litio”, se identificaron discrepancias significativas entre los precios declarados de exportación del litio argentino (carbonato grado batería) y las referencias internacionales.
Datos que alarman: pérdidas por más de USD 400 millones
De acuerdo al documento, mientras el precio promedio internacional del litio durante 2024 fue de USD 15.157,30 por tonelada, las empresas exportadoras declararon un valor FOB promedio de apenas USD 8.889,87. Esta diferencia, según el informe, habría generado una pérdida estimada para el país de USD 403.097.617,02 en concepto de divisas no ingresadas.
La Cámara sostiene que esta situación no solo constituye un grave perjuicio económico para el Estado Nacional, sino que podría configurar diversos ilícitos penales vinculados a la evasión y el contrabando.
Cuestionamientos al rol del Estado
El escrito también denuncia la “ausencia de control efectivo” por parte de los organismos públicos encargados de fiscalizar estas operaciones y advierte sobre la falta de reconocimiento oficial del litio como un commodity estratégico, situación que, según el denunciante, agrava el impacto de estas maniobras.
Solicitudes a la Justicia
Entre las medidas requeridas, Rutigliano solicitó:
- La incorporación del documento técnico como prueba en la causa
- La citación a declaración indagatoria de los responsables denunciados.
- El requerimiento de documentación societaria, contable y fiscal a las empresas implicadas.
- La imposición de medidas cautelares para proteger el patrimonio nacional.
- La evaluación de la eventual responsabilidad penal de los funcionarios públicos involucrados.
La Cámara Latinoamericana del Litio reafirmó su compromiso con la transparencia y la defensa de los recursos estratégicos del país, y pidió que la Justicia actúe con la celeridad necesaria para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
