Estados Unidos avanza hacia un cambio significativo en su futura regulación de los activos digitales. En medio de las negociaciones para aprobar la Ley Clarity (CLARITY Act), los legisladores incorporaron una enmienda que impediría que el presidente, altos funcionarios federales y sus cónyuges puedan emitir, promocionar o beneficiarse directamente de criptomonedas propias mientras permanezcan en sus cargos.
La propuesta surge en un contexto marcado por el creciente escrutinio sobre los negocios digitales del presidente Donald Trump, quien obtuvo 1.400 millones de dólares en ganancias relacionadas con criptomonedas durante 2025, una cifra que, según Bloomberg, superó incluso los beneficios obtenidos por Coinbase en ese mismo periodo. El debate ha reavivado las preocupaciones sobre posibles conflictos de interés entre quienes diseñan la regulación del sector y, al mismo tiempo, participan económicamente en él.
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La Ley Clarity incorpora un apartado ético para los funcionarios públicos
La Ley Clarity busca convertirse en el marco regulatorio integral para el mercado de los criptoactivos en Estados Unidos. Sin embargo, antes de completar su proceso legislativo, el texto ha sido modificado para incluir un capítulo dedicado a la ética pública.
La iniciativa, impulsada por legisladores demócratas durante las negociaciones con los republicanos, establece restricciones específicas para quienes ocupan cargos dentro del Gobierno federal.
Si la enmienda es aprobada definitivamente, el presidente de Estados Unidos, otros altos funcionarios y sus cónyuges no podrán:
- Emitir nuevas criptomonedas.
- Lanzar tokens propios al mercado.
- Promocionar proyectos de activos digitales.
- Patrocinar o facilitar el listado de estos activos en plataformas de negociación.
Las limitaciones serían aplicables únicamente durante el tiempo en que estas personas ejerzan funciones públicas.
El caso de Donald Trump aceleró el debate
La discusión cobró fuerza tras conocerse la magnitud de los ingresos obtenidos por Donald Trump a través de sus iniciativas relacionadas con criptomonedas.
Durante 2025, las operaciones vinculadas a sus proyectos digitales generaron 1.400 millones de dólares, convirtiéndolo, según Bloomberg, en la persona que más ganancias obtuvo mediante criptomonedas en Estados Unidos durante ese periodo.
La cifra resulta especialmente llamativa porque incluso supera los 1.260 millones de dólares de beneficios registrados por Coinbase en el mismo intervalo.
Estos datos alimentaron las críticas sobre un posible conflicto de interés, dado que el presidente ha mantenido una postura favorable hacia el desarrollo de la industria cripto mientras su administración impulsa la creación del marco regulatorio que gobernará el sector.
$TRUMP y $MELANIA siguen siendo el principal foco de las críticas
El debate legislativo está estrechamente relacionado con el lanzamiento de las memecoins $TRUMP y $MELANIA, presentadas en 2025 por Donald Trump y la primera dama Melania Trump, respectivamente.
Ambos activos experimentaron un fuerte interés durante sus primeros días de cotización, alcanzando máximos históricos poco después de su lanzamiento.
Sin embargo, el comportamiento posterior fue muy diferente.
Actualmente:
- $TRUMP mantiene una capitalización aproximada de 378 millones de dólares.
- $MELANIA posee una capitalización cercana a 80 millones de dólares.
Pese a ello, ambas criptomonedas acumulan una caída superior al 95% desde sus máximos históricos, reflejando la elevada volatilidad característica de este tipo de activos.
El desplome de estos tokens reforzó el debate político sobre la conveniencia de que figuras públicas puedan lanzar proyectos financieros propios mientras ejercen responsabilidades gubernamentales.
La propuesta contempla fideicomisos ciegos para activos ya existentes
La nueva redacción de la ley no solo pretende impedir futuros lanzamientos.
También establece mecanismos para gestionar los activos que ya existan antes de la entrada en vigor de la normativa.
En estos casos, la propuesta plantea dos alternativas:
- La desinversión completa.
- La transferencia de los activos a un fideicomiso ciego, administrado por un tercero independiente.
Este mecanismo busca evitar que el funcionario conserve capacidad de decisión sobre sus inversiones o tenga acceso a información relacionada con la gestión de dichos activos mientras permanezca en funciones.
El objetivo es reducir cualquier posibilidad de influencia sobre decisiones regulatorias que puedan beneficiar económicamente al titular de esos proyectos.
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El modelo actual de los negocios cripto de Trump
En el caso específico de Donald Trump, tanto su memecoin como su proyecto de stablecoin ya operan bajo un esquema similar de administración.
Gran parte de la gestión recae actualmente en sus hijos, quienes no estarían incluidos dentro del alcance de la enmienda.
Precisamente este punto ha generado interrogantes sobre el verdadero impacto que podría tener la futura legislación sobre la estructura empresarial del presidente.
Aunque la norma limitaría la participación directa del mandatario, todavía existe incertidumbre acerca de cómo afectaría a negocios administrados por familiares que no ocupan cargos públicos.
Restricciones adicionales sobre participación accionaria
La propuesta ética va más allá de la emisión de criptomonedas.
También introduce límites respecto a la propiedad económica que los funcionarios pueden mantener en proyectos relacionados con activos digitales.
Según el texto negociado, tanto los cargos públicos como sus cónyuges tendrían prohibido:
- Poseer el 20% o más del capital de un proyecto.
- Recibir el 50% o más de los beneficios generados por una iniciativa relacionada con criptomonedas.
Estas restricciones buscan evitar estructuras que permitan mantener el control económico de un proyecto aun cuando la participación pública del funcionario sea limitada.
Multas de hasta 500.000 dólares por incumplimiento
La enmienda incorpora además un régimen sancionador para quienes incumplan las nuevas obligaciones.
Las infracciones podrían acarrear:
- Multas de hasta 500.000 dólares.
- O sanciones equivalentes al 10% de los beneficios obtenidos mediante la actividad prohibida.
Además de las sanciones económicas, las personas afectadas tendrían la obligación de presentar información detallada sobre todas sus posiciones relacionadas con los activos digitales, reforzando así los mecanismos de transparencia patrimonial.
Estados Unidos aún busca una regulación integral para las criptomonedas
Aunque la administración estadounidense ha dado pasos importantes en materia regulatoria, el país todavía carece de un marco legal único que abarque todo el ecosistema de los criptoactivos.
Hasta ahora, la principal legislación aprobada corresponde al ámbito de las stablecoins, mientras que el resto del mercado continúa pendiente de una normativa general.
La Ley Clarity pretende cubrir precisamente ese vacío regulatorio y establecer reglas claras para emisores, plataformas y participantes del sector.
En este aspecto, Estados Unidos continúa desarrollando un modelo propio, distinto al aplicado en Europa mediante el reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), que ya constituye el marco regulatorio integral para los mercados de activos digitales en la Unión Europea.
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La aprobación definitiva aún enfrenta obstáculos
Aunque la Cámara de Representantes ya había aprobado previamente la Ley Clarity, las modificaciones introducidas durante las negociaciones obligan a que el texto vuelva a ser votado en esa cámara antes de continuar su recorrido legislativo.
Posteriormente deberá pasar al Senado, donde demócratas y republicanos siguen negociando los últimos desacuerdos, principalmente relacionados con las disposiciones éticas incorporadas al proyecto.
Si finalmente ambas cámaras alcanzan un consenso, Estados Unidos avanzaría no solo hacia una regulación más completa del mercado de criptomonedas, sino también hacia un marco más estricto para evitar conflictos de interés entre quienes diseñan las políticas públicas y quienes podrían beneficiarse directamente de ellas.
La incorporación de estas restricciones refleja cómo la creciente participación de figuras políticas en el ecosistema de los activos digitales está influyendo en la evolución de la regulación estadounidense. Más allá del caso de Donald Trump, la enmienda busca establecer un precedente sobre la separación entre el ejercicio del poder público y los intereses económicos vinculados a las criptomonedas, un debate que podría marcar futuras reformas regulatorias conforme el mercado continúe expandiéndose.
