El gobierno italiano no quiere quedarse atrás en la carrera internacional para adaptar las políticas estatales a las tecnologías de Blockchain y, tras un período de calma, anunció esta semana la publicación de un decreto destinado a proteger y regular el estado legal de las criptomonedas y las tecnologías de contabilidad distribuida.
El “Decreto Semplificazioni“, que fue aprobado por el Comité Senatorial de Asuntos Constitucionales y Obras Públicas de Italia el 23 de enero, contiene una serie de estipulaciones legales que aclaran lo que el gobierno considera como criptomoneda, así como otros términos típicos de las tecnologías de Blockchain y su situación jurídica.
Así mismo, el Decreto estableció que el Estado italiano podrá utilizar y reconocer las tecnologías de Blockchain como herramientas legítimas para verificar el momento en que se registran los documentos y contratos realizados en el país.
Italia está trabajando duro para entrar en el mundo de Blockchain
A pesar de este progreso, todavía hay un largo camino por recorrer. Después de este paso, es necesario que la Cámara de Diputados y el Senado de la República aprueben el decreto para que tenga validez legal y que las tecnologías puedan ser utilizadas en actividades oficiales.
Italia no ha desempeñado un papel esencial en la evolución de el mundo de las criptomonedas, sin embargo, después de la aprobación de este decreto, el país se convierte en una referencia mundial en términos de innovación tecnológica y legal orientada a la adopción de Blockchain.
El éxito de Italia en la creación del decreto se produce después de su participación en una iniciativa conjunta firmada por varios países europeos para promover la adopción de tecnologías Blockchain en diferentes sectores. Francia, Chipre, Malta, Portugal, España y Grecia apoyaron la propuesta iniciada por Malta, una isla próxima a Italia y conocida como Isla Blockchain.
La idea de esta iniciativa es promover las tecnologías de Blockchain como herramientas que podrían beneficiar ampliamente a diversos sectores gubernamentales, desde el transporte y la distribución de la tierra hasta actividades como la atención de la salud, registros, etc. Al respecto, la declaración dice:
“Esto (la adopción) puede resultar no solo en la mejora de los servicios de gobierno electrónico, sino también en una mayor transparencia y una menor carga administrativa, una mejor recaudación de aduanas y un mejor acceso a la información pública”.
